Hospital Fernando Ocaranza: cuando la falta de planeación termina costando más

La infraestructura pública no se deteriora de un día para otro. Detrás de un edificio que pierde funcionalidad suele existir una acumulación de decisiones postergadas, presupuestos insuficientes o mecanismos de evaluación que no lograron anticipar el problema.

El Hospital General Dr. Fernando Ocaranza del ISSSTE, en Hermosillo, representa una oportunidad para reflexionar sobre cómo administramos nuestros activos públicos y evaluamos la capacidad gubernamental para prevenir problemas antes de que se conviertan en emergencias.

En junio de 2026, el ISSSTE anunció una inversión estimada de 45 millones de pesos para rehabilitar y fortalecer la infraestructura del hospital. Las intervenciones son necesarias, pero plantean una pregunta: ¿cuánto habría costado mantener oportunamente estas instalaciones durante los años anteriores y cuánto cuesta ahora recuperar su funcionalidad?

El estadio Héctor Espino y el antiguo edificio de la Procuraduría General de Justicia del Estado, cuya demolición comenzó en agosto de 2026, ilustran distintas decisiones sobre el patrimonio público. En el primer caso, el inmueble se transformó para otros usos; en el segundo, se optó por demolerlo ante las condiciones estructurales y las necesidades de movilidad urbana. Cada inmueble tiene circunstancias particulares, pero ambos ejemplos muestran la importancia de evaluar oportunamente si conviene conservar, rehabilitar, reutilizar o sustituir una infraestructura.

En el caso del Fernando Ocaranza, no se trata de proponer su demolición sin fundamento, sino de contar con estudios técnicos, estructurales, operativos y financieros que permitan comparar la conservación, la rehabilitación integral y la construcción de un nuevo hospital.

Aquí aparece un segundo elemento fundamental: los indicadores clave de desempeño, conocidos como KPI, y las matrices de indicadores para resultados. ¿Estamos midiendo únicamente cuánto presupuesto se ejerce y cuántas reparaciones se realizan, o también evaluamos la vida útil de las instalaciones, las fallas recurrentes, la demanda de servicios y la capacidad futura del hospital?

Un sistema eficaz debe anticipar cuándo la demanda de derechohabientes superará la capacidad instalada y cuándo mantener un edificio dejará de ser la alternativa económicamente más conveniente. Si esos indicadores no existen, no se actualizan o no se traducen en decisiones presupuestales oportunas, el gobierno termina reaccionando en lugar de planear.

La tercera reflexión corresponde al futuro de Sonora. Ante el próximo ciclo electoral, los aspirantes a la gubernatura deberían integrar equipos técnicos capaces de diagnosticar la infraestructura pública, establecer prioridades y evaluar el desempeño institucional. Aunque el ISSSTE es una institución federal, su situación requiere coordinación con las autoridades estatales y municipales para dimensionar las necesidades de salud de Hermosillo.

Este ejercicio debe extenderse a hospitales, escuelas, carreteras, sistemas de agua y edificios públicos, mediante indicadores comparables, diagnósticos verificables y presupuestos multianuales de conservación.

Gobernar eficientemente no consiste solamente en inaugurar obras. También implica preservar lo construido, identificar necesidades futuras y asignar los recursos donde produzcan el mayor beneficio social.

El caso del Fernando Ocaranza nos recuerda que la planeación no es un gasto administrativo: es una inversión para evitar costos mayores. La pregunta para nuestros próximos gobernantes no es únicamente qué nuevas obras construirán, sino cómo demostrarán, con datos y resultados, que Sonora está preparado para las necesidades de los próximos veinte años.