Salarios y productividad: la verdadera prueba de competitividad de México

¿Puede un país elevar los salarios sin mejorar su productividad y conservar empleos, inversión y competitividad? La pregunta es legítima, sin admitir alarmismos. Calificar cualquier aumento salarial como un «suicidio económico» confunde una advertencia válida con una conclusión inevitable. Los salarios deben mejorar porque el crecimiento debe alcanzar a las familias. La cuestión decisiva es cómo sostener esa mejora en una economía capaz de producir más valor, competir en mejores condiciones y ampliar el trabajo formal.

México conoce los límites de una estrategia basada en remuneraciones reducidas. Durante décadas, los salarios bajos fueron presentados como ventaja para atraer inversiones y exportar manufacturas. Ese modelo desarrolló capacidades industriales, pero convivió con un mercado interno débil, desigualdad y actividades de escaso valor agregado. La recuperación del salario mínimo representa una corrección social. Regresar a la contención permanente del ingreso sería tan equivocado como pensar que los incrementos pueden desligarse indefinidamente de las posibilidades productivas.

Los datos colocan el debate en perspectiva. Según las Perspectivas del Empleo 2026 de la OCDE, el salario real promedio en México estaba, durante el primer trimestre de 2026, 15.1% por encima del nivel del mismo trimestre de 2021. Desde enero de 2021, el salario mínimo real aumentó 68%. Son avances, aunque conviene distinguir el salario mínimo del conjunto de las remuneraciones: no describen exactamente al mismo universo de trabajadores ni se distribuyen de forma uniforme.

La OCDE también identificó un crecimiento de 1.96% de la productividad laboral entre 2023 y 2024, frente a 0.62% en el promedio de sus países miembros. Alienta, pero no borra una debilidad: México ha tenido dificultades para elevar sostenidamente su producción por hora trabajada. Tampoco sería correcto comparar mecánicamente el aumento salarial acumulado en cinco años con una variación anual de productividad. Los periodos son distintos. La lección es convertir los avances recientes en una tendencia duradera. ¿Qué significa ser más productivos? Generar más bienes, servicios o valor económico por hora, sin prolongar la jornada. Una fábrica que antes elaboraba cien piezas por hora y ahora produce ciento veinte, con el mismo personal y tiempo, elevó su productividad 20%. Esa ganancia puede abrir espacio para mejores salarios, si existen compradores y los costos de modernización no absorben el beneficio. La productividad resulta de organización, tecnología, inversión y aprendizaje.

Conviene insistir: la productividad no depende exclusivamente del esfuerzo del trabajador. Influyen la maquinaria, los insumos, la logística, la capacitación, la gestión y la confiabilidad eléctrica. Un operario competente no puede multiplicar su producción si utiliza equipos obsoletos o espera materiales durante horas. Pedirle que «trabaje más» no resuelve esas deficiencias. La responsabilidad es compartida, aunque muchas decisiones que permiten producir mejor corresponden a la inversión y la organización empresarial. ¿Qué ocurre cuando los costos laborales aumentan persistentemente y una empresa no genera más valor? Puede reducirse su margen, elevarse el precio final o posponerse una inversión. En casos difíciles, puede limitar contrataciones o recurrir a la informalidad. Pero esos efectos no son automáticos ni uniformes. Importan la demanda, los márgenes iniciales, el acceso al crédito, la competencia y la capacidad de trasladar costos. Una política salarial debe observar sectores y tamaños de empresa, no únicamente promedios nacionales.

El indicador útil es el costo laboral por unidad producida. Si una empresa paga más por hora, pero también produce más por hora, ese costo puede mantenerse estable. Si los salarios avanzan mucho más rápido que la productividad, surge una presión que alguien debe absorber. Eso no obliga a esperar una mejora previa y exacta para elevar toda remuneración. Puede haber utilidades elevadas, rezagos salariales o negociación desigual que permitan recuperar ingresos sin comprometer a la empresa. El análisis exige contexto, no fórmulas rígidas.

La relación funciona también en sentido inverso. Un mejor salario puede reducir la rotación, favorecer la permanencia de personal experimentado y mejorar el compromiso con la calidad. Cuando una empresa conserva trabajadores capacitados, ahorra costos de contratación y aprendizaje. El salario digno no es sólo gasto: en determinadas condiciones puede ser inversión en estabilidad y desempeño. Para aprovecharlo, hacen falta objetivos claros, capacitación y una organización que valore las capacidades humanas.

La evidencia reciente invita a evitar extremos. Un análisis del Fondo Monetario Internacional publicado en 2025 encontró que los incrementos del salario mínimo aplicados hasta entonces no habían producido daños generalizados observables en empleo e informalidad. También advirtió, mediante modelos, que aumentos futuros importantes sin mejoras productivas podrían generar efectos adversos. Son escenarios condicionados, no destinos inevitables. La lección es reconocer los beneficios de la recuperación salarial y vigilar sus consecuencias para corregir oportunamente.

Debemos mirar especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas. Una gran compañía suele tener más opciones para automatizar, financiar maquinaria o distribuir costos. Una tienda, un taller o una empresa familiar pueden operar con márgenes estrechos y poco crédito. Exigirles modernización sin herramientas concretas profundizaría las brechas. La productividad no puede convertirse en una orden abstracta dirigida a quienes enfrentan mayores restricciones para alcanzarla. Necesitamos acompañamiento técnico y financiero, no sólo exhortaciones.

El primer paso es una agenda nacional de productividad con metas medibles y colaboración entre Gobierno, empresas, universidades y trabajadores. No basta con decretar aumentos salariales ni con pedir moderación. Hacen falta programas de adopción tecnológica, asesoría administrativa, digitalización de inventarios, mantenimiento preventivo, reducción de desperdicios y capacitación. Muchas mejoras no requieren robots costosos: una planeación adecuada de turnos, un sistema de ventas o una logística ordenada pueden mejorar la rentabilidad y abrir espacio para mejores remuneraciones.

El segundo paso es mejorar las condiciones en que compiten las empresas. La productividad se debilita con energía incierta, trámites excesivos, inseguridad, mala infraestructura y financiamiento inaccesible. También se resiente cuando falta competencia efectiva y hay barreras para ingresar a mercados o conseguir insumos. Hablar de competitividad no equivale a pedir salarios baratos; significa establecer reglas claras, servicios confiables y oportunidades para invertir e innovar. Sin ese entorno, incluso los empresarios más comprometidos encuentran límites difíciles de superar.

El tercero consiste en fortalecer las capacidades de la fuerza laboral. México necesita formación técnica vinculada con la industria, educación dual, certificación de habilidades y aprendizaje continuo. La inteligencia artificial, la automatización y los datos pueden elevar la productividad, pero transformarán ocupaciones. El propósito no debería ser sustituir personas como primera respuesta, sino prepararlas para utilizar herramientas nuevas y realizar tareas de mayor valor. Un trabajador más preparado merece mejores ingresos y puede hacer más competitiva a su empresa.

Un cuarto paso es reducir la informalidad con incentivos adecuados, simplificación y acceso efectivo a servicios. Más de la mitad del empleo mexicano permanece en condiciones informales, según la OCDE. Esto limita la cobertura de la política salarial, debilita la protección social y desalienta la capacitación. No habrá prosperidad incluyente si la mejoría de los salarios formales sólo alcanza a una parte del mercado laboral. Elevar la productividad también significa facilitar que los negocios crezcan, se registren y ofrezcan empleos con derechos.

México tiene oportunidades. La integración de Norteamérica, la relocalización de inversiones y la demanda de manufacturas especializadas pueden favorecer actividades de mayor valor agregado. Sonora, por ejemplo, puede fortalecer sus capacidades en manufactura, minería y servicios tecnológicos, así como su vinculación con Arizona. Pero la geografía no garantiza resultados. Se necesitan proveedores locales, infraestructura, talento y empresas capaces de cumplir estándares internacionales. La meta es dejar de ofrecer únicamente mano de obra competitiva en precio y empezar a competir con conocimiento, confiabilidad e innovación.

Hace falta una discusión salarial menos polarizada y mejor informada. Gobierno, empresarios y trabajadores podrían revisar periódicamente salarios reales, productividad por hora, costo laboral unitario, inflación, inversión y empleo formal. Así sería posible identificar presiones genuinas y espacios para distribuir mejor los beneficios. El salario mínimo debe mantener su función de protección legal; la política económica, por su parte, debe facilitar que cumplirlo y superarlo sea compatible con empresas viables. Los derechos laborales no son un premio exclusivo para las firmas más productivas.

La economía no es un juego donde todo lo que gana el trabajador lo pierde el empresario. Una familia con más ingreso compra bienes y servicios; una empresa con más ventas puede invertir, contratar y capacitar. Ese círculo virtuoso, sin embargo, no aparece por decreto. Requiere oferta suficiente y eficiencia para evitar que la demanda adicional se convierta principalmente en alzas de precios. La prosperidad compartida surge cuando las ganancias productivas también llegan a quienes contribuyen a generarlas.

El riesgo de mediano plazo no es aspirar a salarios dignos. Sería confiar únicamente en incrementos nominales mientras posponemos la modernización, la competencia, el financiamiento y la formación de talento. También sería un error invocar la productividad para detener indefinidamente la recuperación del poder adquisitivo. Ambos extremos empobrecen el debate. La tarea es construir empresas que produzcan más valor y trabajadores que participen justamente de ese progreso.

La pregunta no es si debemos elegir entre mejores salarios y competitividad.

La pregunta es cómo convertir cada avance salarial en parte de una transformación productiva más amplia, incluyente y sostenible.

Y esa es una oportunidad económica que México no puede darse el lujo de desaprovechar.