Paquete Económico 2027: una ruta prudente entre el crecimiento y la disciplina fiscal

El Paquete Económico 2027 llegó al Congreso de la Unión en un momento particularmente importante para la economía mexicana. El entorno internacional sigue siendo complejo, México enfrenta el desafío de acelerar nuevamente su crecimiento y, al mismo tiempo, el gobierno necesita ordenar gradualmente unas finanzas públicas que han operado con déficits elevados durante los últimos años.

En ese contexto, el documento presentado el 8 de septiembre por el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, merece una lectura alejada de los extremos. Ni estamos frente a un presupuesto que haya resuelto de golpe los problemas fiscales del país, ni ante un escenario que justifique anticipar una crisis. La propuesta parece optar por un camino intermedio: reducir gradualmente el déficit, mantener el gasto social, preservar inversión pública y confiar en que una combinación de consumo, infraestructura, exportaciones e inversión privada permita sostener el crecimiento.

La primera señal interesante es precisamente una dosis mayor de realismo.

Hacienda estima que la economía mexicana crecerá entre 1.5% y 2.5% durante 2027, con un punto medio de 2%. En abril, los Pre-Criterios todavía contemplaban un rango de entre 1.9% y 2.9%. Es decir, el propio gobierno revisó a la baja su expectativa conforme evolucionó el entorno económico.

Puede parecer una mala noticia, pero desde la perspectiva de las finanzas públicas una proyección más moderada también puede resultar saludable. Los presupuestos construidos sobre escenarios excesivamente optimistas suelen terminar enfrentando ajustes durante el ejercicio. Reconocer que el crecimiento probablemente será moderado permite construir una base presupuestaria potencialmente más creíble.

El escenario de Hacienda supone además una inflación de 3% al cierre de 2027, un tipo de cambio de 18 pesos por dólar y una mezcla mexicana de petróleo cercana a 61.8 dólares por barril. El gobierno espera que el consumo interno, mayores ingresos de los hogares, condiciones financieras menos restrictivas, la inversión en infraestructura y una mayor integración comercial con América del Norte apoyen la actividad económica.

Ese último elemento merece atención. México mantiene una posición difícil de replicar dentro de las cadenas productivas norteamericanas. Si la revisión del T-MEC logra preservar certidumbre comercial y el país consigue acompañarla con infraestructura, energía, agua, logística y condiciones suficientes para invertir, existe espacio para que sectores manufactureros y exportadores vuelvan a convertirse en motores importantes del crecimiento.

Para estados industriales y fronterizos como Sonora, esa discusión es especialmente relevante. El presupuesto federal no solamente debe medirse por cuánto dinero distribuye, sino por cuánto de ese gasto aumenta la capacidad productiva de las regiones.

Un déficit menor, pero un ajuste más lento

Uno de los puntos centrales del paquete está en las cuentas fiscales.

Los Requerimientos Financieros del Sector Público —la medición más amplia del déficit— se estiman en 3.9% del PIB para 2027, frente a 4.1% esperado para 2026. La dirección es correcta: el déficit disminuye. Sin embargo, el ajuste es menos ambicioso que el previsto en abril, cuando Hacienda contemplaba llevarlo hasta 3.5% del PIB.

Este cambio merece una lectura equilibrada.

Reducir con demasiada rapidez el gasto en una economía que apenas recupera dinamismo podría afectar inversión, infraestructura y crecimiento. Mantener déficits elevados durante demasiado tiempo, por otro lado, aumenta la deuda y reduce el espacio fiscal disponible para enfrentar futuras crisis.

Hacienda parece haber elegido una consolidación más gradual.

No necesariamente es una mala decisión. La pregunta relevante será qué se obtiene a cambio de ese déficit. Endeudarse para financiar infraestructura capaz de elevar productividad no tiene las mismas consecuencias económicas que hacerlo para cubrir permanentemente gasto corriente sin efectos sobre el crecimiento.

Ahí está probablemente uno de los mayores desafíos del Paquete Económico 2027: la calidad del gasto será tan importante como su tamaño.

El proyecto plantea un gasto neto cercano a 10.64 billones de pesos. Los ingresos presupuestarios se estiman en aproximadamente 9.16 billones, mientras que el resto de los recursos necesarios provendría del financiamiento autorizado.

El gobierno también busca fortalecer la recaudación sin crear nuevos impuestos generales, apoyándose principalmente en mayor fiscalización, combate a la evasión, controles sobre operaciones relacionadas con combustibles y modificaciones al marco tributario. La meta de ingresos tributarios ronda los 6.26 billones de pesos.

La estrategia tiene lógica: antes de elevar tasas impositivas, mejorar la eficiencia recaudatoria y reducir la evasión puede ampliar los ingresos públicos con menores distorsiones económicas. Pero también será importante que una fiscalización más intensa conserve certeza jurídica y reglas claras para las empresas. Recaudar mejor no debería significar complicar innecesariamente la inversión formal.

El dato que no debe perderse de vista: la deuda

Si existe una cifra que obliga a mantener prudencia es la trayectoria de la deuda pública.

Hacienda estima que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público alcanzará alrededor de 55% del PIB en 2027, frente a aproximadamente 54% estimado para el cierre de 2026.

No representa, por sí misma, una situación de insolvencia, pero tampoco permite complacencia.

La consolidación fiscal todavía no significa una reducción de la deuda como proporción de la economía. De hecho, uno de los análisis relevantes será observar qué tan rápido puede estabilizarse en los próximos años.

El paquete plantea un superávit primario cercano a 0.6% del PIB. Algunos analistas consideran que podría requerirse un esfuerzo mayor para estabilizar completamente la trayectoria de la deuda, especialmente si el costo financiero crece más rápido que la economía.

La buena noticia es que el problema está identificado y que el paquete mantiene una trayectoria de reducción gradual del déficit. La menos cómoda es que el margen fiscal continúa siendo limitado.

México necesita crecer más.

Con tasas sostenidas de crecimiento cercanas a 2% será mucho más difícil absorber simultáneamente el aumento del gasto social, las necesidades de infraestructura, el costo financiero de la deuda, las obligaciones pensionarias y las necesidades de inversión de las empresas públicas.

Por ello, la política fiscal no puede analizarse aisladamente de una política económica que impulse inversión y productividad.

Inversión y bienestar: el equilibrio que tendrá que demostrarse

El Paquete Económico mantiene una prioridad clara sobre los programas sociales. Hacienda plantea destinar recursos equivalentes a 2.6% del PIB a estos programas, que alcanzarían a cerca de 43 millones de personas. Pero resulta particularmente relevante que también se proyecte alrededor de 2.6% del PIB para inversión física presupuestaria.

Este equilibrio puede convertirse en uno de los aspectos más positivos del presupuesto si efectivamente se ejecuta.

Una política social sólida puede sostener consumo y reducir vulnerabilidades económicas; una política de inversión eficiente puede ampliar la capacidad futura de producir. El reto consiste en evitar que ambas dimensiones compitan permanentemente por recursos y lograr que el gasto público contribuya a crear más crecimiento.

En educación se contemplan alrededor de 1.3 billones de pesos. Para salud, cerca de 1.1 billones, con un incremento anunciado de 10.9% respecto a 2026. También se han señalado prioridades en infraestructura y agua.

Son áreas donde México tiene necesidades indiscutibles. Pero nuevamente, el resultado deberá medirse por indicadores de desempeño y no únicamente por montos presupuestados.

Un peso destinado a infraestructura puede convertirse en crecimiento o en una oportunidad perdida dependiendo de la calidad del proyecto, su planeación, ejecución y conexión con las necesidades productivas.

Pemex: menor apoyo, pero el reto permanece

La situación de Pemex continúa ocupando espacio dentro de las finanzas públicas. Para 2027 se contempla una transferencia federal de aproximadamente 81 mil millones de pesos destinada al pago de deuda, considerablemente menor a los 263.5 mil millones contemplados en el presupuesto anterior. Al mismo tiempo, se proyectan alrededor de 255.5 mil millones para proyectos prioritarios de inversión de la empresa.

La disminución del apoyo directo para deuda sería una señal favorable si responde a una mejora estructural de las finanzas de la petrolera.

Pero Pemex seguirá siendo una variable que debe vigilarse cuidadosamente. El objetivo no debería limitarse a refinanciar obligaciones o realizar transferencias periódicas, sino avanzar hacia una empresa cuya operación deje de representar una presión creciente sobre las finanzas nacionales.

Un presupuesto que necesita crecimiento

El Paquete Económico 2027 no debería juzgarse exclusivamente por la dimensión del gasto ni por una sola cifra de déficit.

Su verdadero examen será más sencillo de formular y bastante más difícil de aprobar: ¿logrará el gobierno convertir una mayor parte del gasto público en capacidad productiva?

México conserva ventajas importantes. Tiene una posición privilegiada dentro del mercado norteamericano, una poderosa base manufacturera, una población económicamente activa considerable, sectores exportadores competitivos y oportunidades enormes en industrias como automotriz, aeroespacial, semiconductores, minería, energía, logística y tecnologías avanzadas.

Pero esas oportunidades necesitan infraestructura, electricidad, agua, talento, certeza jurídica y condiciones para invertir.

Visto bajo esa perspectiva, el Paquete Económico 2027 ofrece algunas señales razonablemente positivas. Hacienda ha moderado sus expectativas de crecimiento, mantiene una ruta de consolidación fiscal, evita por ahora un ajuste abrupto del gasto y conserva recursos relevantes para inversión.

No es un paquete exento de riesgos. La deuda todavía crecerá como proporción del PIB, el déficit permanece cerca de 4%, Pemex continúa representando una obligación importante y una parte considerable del escenario depende de que efectivamente se materialice mayor crecimiento económico.

Pero tampoco parece un presupuesto construido desde la negación de esas restricciones.

Quizá ahí radica su principal fortaleza.

Más que prometer una expansión acelerada o un ajuste fiscal espectacular, el proyecto reconoce que México deberá avanzar gradualmente: ordenar sus cuentas sin frenar la economía, proteger el bienestar sin abandonar la inversión y elevar la recaudación sin debilitar al sector productivo.

El Congreso tendrá ahora la responsabilidad de revisar las cifras, cuestionar los supuestos y mejorar donde sea necesario la asignación de los recursos.

Después vendrá la parte verdaderamente importante: ejecutar.

Porque en 2027 la discusión económica no debería ser solamente cuánto puede gastar México, sino cuánto crecimiento, productividad y bienestar será capaz de generar con cada peso que gaste.